El 24 de agosto, mientras Ucrania conmemoraba el 35º aniversario de su independencia, la Comisión Europea aprobó 6.100 millones de euros para defensa aérea, misiles y radares 1. La cifra no es solo un gesto de solidaridad: responde a los 376 ataques con misiles registrados en julio 1. Es la prueba de que, frente a un agresor que no reconoce fronteras ni calendarios, la resiliencia democrática se mide en capacidad material. Pero el mismo día, en otras capitales, la lógica era exactamente la inversa: desmantelar instituciones, vaciar elecciones y externalizar la seguridad.
Nicaragua ofrece el ejemplo más nítido de erosión sin coartada. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial a siete años renovables y excluye de los comicios a los opositores considerados "traidores a la patria" 6. Esto no es un giro autoritario: es la formalización de una promesa que Ortega ya había anunciado el 19 de julio, cuando declaró que "aquí no volverá a haber elecciones" 6. La institución electoral, en lugar de ser un mecanismo de competencia, se convierte en un instrumento de depuración. No hay aquí una crisis de régimen; hay un régimen que ha decidido no fingir más.
La pregunta incómoda es por qué este tipo de consolidación autoritaria sigue siendo posible sin costos proporcionales. En Venezuela, el diálogo patrocinado por Estados Unidos entre el gobierno y una facción de la oposición avanza, pero excluye a María Corina Machado 9. Los acuerdos sobre ayuda por terremotos y reforma judicial son necesarios, pero no deben confundirse con una transición democrática. La exclusión de la principal figura opositora no es un detalle logístico: es la definición misma del problema que se dice resolver. Un proceso que negocia con el régimen sin incluir a la oposición real corre el riesgo de legitimar precisamente aquello que debería desmantelar.
La tentación de tratar a los adversarios como socios transaccionales no es exclusiva de Washington. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó una reducción sustancial de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, acortando las maniobras Ulchi Freedom Shield seis días, y busca una reunión con Kim Jong-un 10. La justificación combina su "muy buena relación" con Kim y el malestar por la negativa de Seúl a apoyar la política estadounidense sobre Irán 10. Aquí el mecanismo es distinto al de Nicaragua, pero el efecto es comparable: la seguridad de un aliado democrático se sacrifica en el altar de una relación personal y de un cálculo bilateral. Las alianzas no son líneas de crédito que se cobran cuando conviene; son estructuras que se erosionan cuando se las trata como instrumentos desechables.
La misma lógica transaccional aparece en la política comercial. Canadá respondió a los aranceles del 50% impuestos por Trump con represalias de hasta el 50% sobre productos estadounidenses por valor de unos 27.600 millones de dólares canadienses 47. Las medidas, que cubren más de 700 categorías de productos, entran en vigor el 8 de septiembre 7. No es una disputa arancelaria más: es la demostración de que, cuando un socio democrático decide que las reglas son negociables, el otro socio responde con las mismas reglas. El comercio no es una concesión; es un sistema. Y los sistemas, cuando se rompen, no se reparan con declaraciones.
En este contexto, la decisión de la UE sobre Ucrania adquiere un significado más profundo. No es solo un paquete de defensa: es la afirmación de que la democracia tiene un costo y que ese costo debe pagarse. La diferencia entre Europa y las otras potencias democráticas no es retórica; es presupuesto. Mientras unos invierten en defensa aérea, otros recortan ejercicios militares, imponen aranceles a sus aliados o negocian con regímenes que han abolido las elecciones.
La lección histórica es incómoda: los regímenes autoritarios no colapsan por su propia contradicción interna; se consolidan cuando los democráticos deciden que la estabilidad a corto plazo vale más que los principios a largo plazo. La pregunta que queda sobre la mesa no es si Ortega, Maduro o Kim son una amenaza. La pregunta es si las democracias están dispuestas a pagar el precio de su propia defensa, o si seguirán confundiendo la negociación con la rendición y la comodidad con la seguridad.