La semana pasada, España dijo no. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos rechazó la financiación pública de lecanemab y donanemab, los primeros fármacos que han demostrado ralentizar el deterioro cognitivo en el Alzheimer 2. La decisión provocó indignación entre pacientes y asociaciones. Pero la indignación, por comprensible que sea, no sustituye al análisis de lo que estos fármacos realmente ofrecen.
El Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia en el mundo, con más de 57 millones de personas afectadas 6. Cualquier avance es bienvenido. Pero el avance es modesto: lecanemab y donanemab reducen el declive cognitivo en unos pocos meses de retraso en una escala clínica, no detienen ni revierten la enfermedad. No son una cura. Son, en el mejor de los casos, un aplazamiento parcial.
La pregunta que España ha respondido con un no es la que todo sistema de salud debe hacerse: ¿cuánto vale una mejora marginal cuando el coste es desorbitado y los beneficios inciertos para la mayoría de los pacientes? La evidencia disponible sugiere que los efectos son reales pero pequeños, con riesgos no triviales —incluyendo hemorragias cerebrales— y un perfil de pacientes candidatos muy restrictivo (enfermedad en fase temprana, sin comorbilidades graves). No es un milagro, es un medicamento con datos mixtos.
El contraste con otras noticias de la semana es revelador. En República Dominicana, los casos de leptospirosis han aumentado un 239% respecto al año pasado, con 207 casos confirmados y 16 muertes 4. Es una enfermedad prevenible, vinculada al saneamiento básico y las inundaciones, que mata con certeza a quienes no tienen acceso a atención temprana. Mientras tanto, en Monte Plata, la Dirección de Aeropuertos y la Armada desplegaron 100 médicos para atender entre 2.000 y 3.000 residentes en una jornada multidisciplinaria 5. La medicina de precisión para unos pocos coexiste con la medicina de urgencia para muchos.
La persistencia de la demanda por estos fármacos no se explica solo por la desesperación de las familias. Se explica también por un sesgo cognitivo bien documentado: sobreestimamos el beneficio de una intervención cuando la alternativa es la inacción y el deterioro progresivo. Los titulares sobre el "primer fármaco que ralentiza el Alzheimer" alimentan la esperanza sin matizar el tamaño del efecto. Y la esperanza, cuando no está calibrada, puede traducirse en presión política para financiar tratamientos que desplazan recursos de intervenciones con mayor impacto poblacional.
La decisión española no es inhumana. Es, a la luz de la evidencia disponible, razonable. Pero deja sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por un aplazamiento incierto, y quién decide que ese precio es demasiado alto? La respuesta no está en los ensayos clínicos, sino en la deliberación pública sobre lo que valoramos como sociedad. Y esa conversación, a diferencia de los fármacos, no tiene un protocolo.