La UNAM detectó lo que muchos docentes ya sospechaban: cuando el examen de admisión se vuelve remoto, el ingenio de quienes quieren entrar se concentra en cómo burlarlo, no en demostrar conocimiento. El aumento de puntuaciones perfectas fue la señal de alarma, y la respuesta institucional —un examen de control presencial cuyos resultados se conocerán a finales de agosto— es un reconocimiento tácito de que la primera prueba no midió lo que decía medir 1.
El problema del aula aquí no es la tecnología. Es el incentivo. Cuando la evaluación tiene consecuencias altas y la supervisión es baja, el comportamiento racional del aspirante es buscar la ventaja disponible. No es un juicio moral sobre los jóvenes; es una descripción de cómo funcionan los sistemas. La pregunta que debería ocupar a las instituciones no es "¿cómo evitamos que hagan trampa?", sino "¿qué diseño de evaluación hace que la trampa sea más costosa que el esfuerzo?".
La evidencia práctica de las aulas apunta a que la respuesta no está en más vigilancia, sino en cambiar qué evaluamos. Un examen de opción múltiple, por más supervisado que esté, premia el reconocimiento de datos aislados. Una tarea de escritura analítica, una resolución de problemas con proceso visible o un portafolio de trabajo sostenido son más difíciles de externalizar a una herramienta de IA sin que el resultado se resienta. Pero estas alternativas requieren tiempo de corrección, rúbricas claras y —sobre todo— confianza en el criterio docente. Son caras en horas de trabajo, y por eso las instituciones las evitan.
La reforma convencional suele ir en la dirección opuesta: más tecnología para vigilar, más software de detección de plagio, más exámenes controlados. Es comprensible desde la administración, porque transfiere el costo al estudiante y a la infraestructura, no al diseño pedagógico. Pero la evidencia de lo ocurrido en la UNAM sugiere que la vigilancia es un juego del gato y el ratón: cada nueva barrera genera una nueva forma de sortearla 1.
Mientras tanto, en República Dominicana, el inicio del año escolar muestra otra cara del mismo problema de incentivos. El Ministerio de Educación afirma tener el 100% de los docentes y aulas suficientes; el sindicato ADP denuncia problemas de infraestructura e incentivos impagos 2. No tengo forma de verificar quién tiene razón, y probablemente ambos exageran. Pero la disputa en sí es reveladora: cuando la preparación se convierte en una negociación política, la medición real de las condiciones de aprendizaje queda subordinada a la posición de cada parte. El dato verificable —cuántas aulas tienen goteras, cuántos docentes tienen su salario completo— se vuelve secundario frente a la narrativa que cada actor necesita sostener.
En México, la SEP enfrenta una variante distinta del mismo fenómeno: el calendario oficial dice 31 de agosto, pero Oaxaca, bajo la Sección XXII de la CNTE, regresa el 24 3. La diferencia no es técnica; es política. El calendario escolar, que debería ser un instrumento de equidad —todos los niños, las mismas semanas de clase—, se convierte en una moneda de negociación. Y en la disputa sobre los libros de historia dominicanos, el director del Archivo General acusa al sindicato de hacer acusaciones "temerarias" sin haber leído los textos 4. Es posible que tenga razón; también es posible que la acusación de no haber leído sea una forma de descalificar sin entrar al fondo.
Lo que conecta estos eventos es la distancia entre la retórica institucional y la práctica verificable. En todos los casos, la autoridad declara que todo está bajo control: el examen era válido, las aulas están listas, el calendario es claro, los libros son correctos. Y en todos los casos, la evidencia del aula —puntuaciones anómalas, protestas sindicales, calendarios diferenciados, disputas sobre contenido— sugiere que el control es más frágil de lo que se admite.
La alternativa realista no es eliminar los exámenes ni abolir los calendarios. Es aceptar que la evaluación y la preparación son procesos que requieren verificación independiente, no autodeclaración. Un examen de control presencial es un buen primer paso; una auditoría externa de las condiciones escolares dominicanas sería otro. El costo es la comodidad administrativa de declarar que todo está bien. El beneficio es saber, por fin, qué está pasando realmente en las aulas.
La pregunta que queda abierta es la más incómoda: si las instituciones no pueden verificar sus propias afirmaciones sin que un escándalo las obligue, ¿cuánto de lo que se declara en educación es gestión de la percepción y cuánto es realidad? El lector que paga por esta columna merece una respuesta honesta: no lo sé, y quienes deberían saberlo tampoco parecen tenerla.