La UNAM comienza hoy su examen presencial de control tras detectar un posible fraude en su primera prueba de admisión totalmente en línea 1. Más de 45.000 aspirantes ya agendaron su cita para presentarlo entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro ciudades 1. La medida es razonable como respuesta inmediata: si un sistema de evaluación no puede garantizar que quien responde es quien dice ser, la institución pierde su función más básica. Pero conviene preguntarse qué estamos protegiendo exactamente cuando defendemos la presencialidad de un examen.
El problema de aula que subyace es la confianza epistémica: la imposibilidad de verificar que una tarea, un examen o un ensayo reflejan el trabajo del estudiante. La UNAM ha decidido que la solución es volver al formato vigilado. Es una decisión comprensible, pero revela el incentivo que la produjo: la evaluación como acto de control administrativo antes que como evidencia de aprendizaje. Cuando el diseño instruccional prioriza la certificación sobre la formación, cualquier vulnerabilidad técnica se convierte en una crisis de legitimidad.
La evidencia de la práctica sugiere que el problema no es nuevo ni exclusivo de lo digital. En República Dominicana, el inicio del año escolar el 24 de agosto 2 encuentra a comunidades de Santiago con escuelas sin terminar, una de ellas en construcción desde hace once años 5, y a docentes del Instituto Tecnológico de Artes y Oficios que amenazan con no iniciar clases si no se reanudan obras paralizadas hace más de un año 6. Son dos caras del mismo fenómeno: la infraestructura física y la infraestructura de confianza se deterioran cuando las instituciones responden a metas de cobertura o de imagen antes que a las condiciones reales de enseñanza.
Conviene desafiar la reforma convencional que separa estos casos. No se trata de elegir entre exámenes presenciales o virtuales, ni entre construir aulas o digitalizar procesos. La reforma que suele proponerse —más tecnología, más control, más indicadores— refuerza el mismo supuesto: que el problema es de método y no de propósito. El Bachillerato Nacional Margarita Maza, que la SEP mexicana lanzará en septiembre con 30.000 estudiantes como parte de 156.000 nuevos espacios 7, apunta a la cobertura como prioridad. La Fundación YPF celebra sus 30 años con 250 becarios 3 e ITLA cumple 26 formando líderes para la Industria 4.0 4. Todas son iniciativas valiosas, pero ninguna aborda la pregunta incómoda: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para que la evaluación sea confiable?
Una alternativa realista no elimina el examen presencial, pero lo rediseña como una muestra pequeña y de alto valor, no como el evento central del proceso. Si la UNAM usara la presencialidad para calibrar una fracción del desempeño —digamos, una defensa oral o una prueba corta— y combinara eso con evaluaciones formativas continuas, el incentivo cambiaría: el estudiante tendría razones para aprender durante el curso, no solo para aprobar el día del examen. El costo es la complejidad logística y la pérdida de uniformidad. El beneficio es que la institución vuelve a confiar en el proceso, no solo en el control.
La consecuencia que importa es esta: si la respuesta al fraude es más vigilancia, el mensaje a los estudiantes es que la educación es un juego de cumplimiento. Si la respuesta es repensar qué evidencia necesitamos y por qué, el mensaje cambia. La duda que queda abierta es si las instituciones están dispuestas a asumir el costo político de una reforma que no se puede anunciar con una foto de inauguración.