La semana pasada, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró el cierre de una gestión que multiplicó sus sedes de 18 a una presencia en las 31 provincias del país 2. Para un estudiante en una comunidad remota, esa expansión significa que la universidad pública, antes un viaje de horas, ahora puede estar a pocos kilómetros. Pero la pregunta que ningún discurso de graduación responde es si ese muro geográfico, una vez derribado, no es reemplazado por otros: la capacidad de las aulas, la disponibilidad de profesores, el costo de los materiales.
Esa tensión entre la promesa de acceso y las barreras reales es el hilo que conecta los anuncios de esta semana. En México, la Secretaría de Educación Pública abrió la convocatoria 2026 de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) con 20,040 espacios en 20 programas en línea 3. Es una cifra significativa, pero se inscribe en un sistema donde la demanda de educación superior supera con creces la oferta. Que los aspirantes deban ser mexicanos y registrarse entre el 20 de julio y el 2 de agosto 3 establece un plazo, pero no resuelve la incógnita de fondo: ¿cuántos de esos 20,040 espacios se traducirán en trayectorias reales de titulación, y cuántos quedarán en el camino por falta de conectividad, acompañamiento o recursos?
Mientras tanto, en República Dominicana, el director del INTRANT, Milton Morrison, instó a los nuevos comunicadores a ejercer con ética y compromiso con la verdad 1. Es un llamado necesario, pero que opera en un plano distinto al de las decisiones de política educativa. La expansión de la UASD, liderada por Editrudis Beltrán, fue real y documentada 2, pero no hay evidencia pública de que esa descentralización haya ido acompañada de un aumento proporcional en el presupuesto por estudiante o en la contratación de personal docente. La interpretación editorial, basada en los datos disponibles, es que la cobertura geográfica no equivale automáticamente a equidad en la calidad.