El lunes 17 de agosto comenzó en Las Vegas un juicio que lleva tres décadas esperando su turno. Duane "Keffe D" Davis, de 63 años, exlíder de los South Side Compton Crips, enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, facilitar o ayudar a una pandilla criminal 6. Se declaró inocente en noviembre 2. Es el único acusado 2. La pregunta que flota sobre la sala no es solo quién disparó contra Tupac Shakur en 1996, sino qué significa juzgar un crimen cuando casi todos sus protagonistas han envejecido, cambiado o muerto.
La escena tiene algo de arqueología judicial. Davis no es un joven pandillero; es un hombre de 63 años que ya pagó condenas por otros delitos y que, según la acusación, habló abiertamente del caso en memorias y entrevistas. La fiscalía sostiene que orquestó el ataque 2. La defensa, que es inocente 6. Entre ambos relatos se extiende un vacío de tres décadas donde las pruebas se desvanecieron, los testigos desaparecieron y la memoria se volvió un territorio disputado. El juicio no resolverá el misterio de una bala perdida en Las Vegas; resolverá, si acaso, si un hombre puede ser considerado responsable de un acto que la justicia ignoró durante treinta años.
Esa misma lentitud estructural aparece, con otras formas, en el caso de Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts que estranguló a sus tres hijos en enero de 2023 y que ahora enfrenta un juicio por asesinato 9. Su defensa alega que actuó bajo los efectos de una psicosis posparto severa y que no recibió la medicación adecuada 9. El caso ha puesto bajo escrutinio no solo su conducta, sino el sistema de salud mental materna que debió contenerla y no lo hizo. Aquí la tardanza no es de la justicia, sino de la prevención: los síntomas existían, los informes médicos los registraron, y aun así el desenlace fue letal. El juicio no devolverá a los niños; solo medirá si el Estado falló antes de que fallara ella.
En un registro distinto, el tiroteo en Virginia State University muestra la otra cara de la violencia: la inmediata, la que no espera décadas ni diagnósticos. Cinco personas resultaron heridas cerca de las residencias estudiantiles; un sospechoso de 19 años, Camron Harris, fue arrestado más de catorce horas después, escondido en el armario de un dormitorio 57. Enfrenta cuatro cargos de heridas maliciosas y cuatro por uso de arma de fuego 7. No hay aquí ambigüedad sobre el daño, pero sí una pregunta incómoda: ¿qué llevó a un joven de 19 años a disparar contra sus compañeros y luego esconderse, como si el armario pudiera borrar lo hecho?
La distancia entre estos tres casos es enorme: un asesinato de famosos, una tragedia psiquiátrica, un tiroteo universitario. Pero comparten un hilo: la justicia llega, cuando llega, después del daño. A veces tarda treinta años, como con Davis; a veces llega demasiado tarde para prevenir, como con Clancy; a veces solo puede castigar, no explicar, como con Harris.
El juicio de Davis, sin embargo, tiene un peso simbólico que los otros no alcanzan. No porque la víctima sea famosa, sino porque el caso estuvo cerrado durante décadas y se reabrió cuando casi nadie lo esperaba. Si la fiscalía logra una condena, habrá demostrado que el tiempo no borra la responsabilidad. Si no lo logra, habrá confirmado que la justicia también tiene fecha de caducidad, aunque no lo admita.
La consecuencia que importa no es la sentencia. Es la pregunta que el juicio deja abierta: ¿para quién funciona la justicia cuando tarda tanto que los implicados ya no son los mismos? Para Davis, el hombre de 63 años que hoy se sienta en el banquillo, la respuesta se escribirá en los próximos meses. Para el resto, queda la certeza incómoda de que el sistema juzga hechos, no vidas, y que las vidas siguen mientras los hechos esperan.