El 1 de julio, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) ordenó ilegítimamente a cuatro obispos en un acto que la Santa Sede calificó de cismático. Trece días después, el grupo ha presentado un recurso administrativo contra el decreto de excomunión, negándose a mostrar arrepentimiento y alegando que la apelación suspende automáticamente la ejecución del castigo 2. La maniobra es previsible, pero revela una fractura eclesial que no se resuelve con procedimientos: la FSSPX no cuestiona una sanción disciplinaria, sino la autoridad misma del Concilio Vaticano II y del pontífice que lo encarna.
El argumento jurídico de los lefebvrianos es endeble. Canonistas consultados por este diario señalan que la excomunión fue automática (latae sententiae) por el delito de ordenación episcopal sin mandato pontificio, y que un recurso administrativo no suspende la pena cuando esta ya ha sido incurrida de pleno derecho 2. La FSSPX sabe que no ganará en los tribunales eclesiásticos; su apelación es un gesto político, una declaración pública de que no reconocen la jurisdicción del Papa sobre sus actos. No hay aquí un deseo de reconciliación, sino una estrategia de desgaste.
Mientras tanto, el Papa Leo XIV prosigue con la gobernanza ordinaria de la Iglesia, como si el cisma fuera un ruido de fondo. El 14 de julio nombró a Diego Luis Rendón Urrea como octavo obispo de Jericó, en Antioquia, Colombia, en reemplazo de Noel Antonio Londoño Buitrago, quien renunció en agosto de 2024 al cumplir los 75 años 3. Rendón Urrea, nacido el 3 de junio de 1967 en Rionegro, es un pastor de perfil bajo, formado en la diócesis de Sonsón-Rionegro, y su nombramiento no genera controversia 3. Es un acto rutinario de administración eclesial, pero precisamente por eso es significativo: el Papa no ha suspendido los nombramientos ni ha declarado un estado de emergencia. La Iglesia sigue funcionando.
La tensión entre estos dos hechos —la apelación cismática y el nombramiento ordinario— define el momento actual. La FSSPX quiere que el Vaticano negocie bajo la amenaza de un cisma consumado; el Vaticano responde con la normalidad institucional, como si la excomunión fuera un accidente burocrático. Pero la apelación no es un accidente: es la afirmación de que existe una Iglesia paralela, con su propia jerarquía, su propia liturgia y su propia verdad. Y esa afirmación no se desvanece con un decreto.