El martes pasado, Virnaliz Jiménez Cruz se convirtió en investigadora del Centro para la Resiliencia Familiar en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, un hito para una científica dominico-estadounidense que completó su doctorado en la misma universidad en diciembre de 2025 1. Su trayectoria ejemplifica lo que un sistema universitario puede lograr cuando el financiamiento y las políticas de admisión no levantan barreras. Pero al otro lado del espectro, dos decisiones institucionales anunciadas esta semana revelan cuán frágil sigue siendo ese ideal.
En República Dominicana, Luis Balboa asumió la dirección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto Santiago con un plan estratégico de cinco pilares para 2026–2030 que promete modernizar infraestructura, expandir la oferta académica e impulsar la investigación 2. Suena prometedor, pero el plan no incluye mecanismos concretos para financiar esas mejoras sin transferir el costo a los estudiantes. La UASD, como universidad pública, depende de partidas presupuestarias estatales que históricamente han llegado tarde o incompletas. Sin un compromiso fiscal explícito, la modernización corre el riesgo de traducirse en aumentos de tarifas administrativas o recortes en becas.
Mientras tanto, en Colombia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció un nuevo esquema tarifario de seis niveles para los exámenes de Estado, basado en la capacidad de pago de los usuarios 3. La medida busca equilibrar la sostenibilidad financiera del instituto con el acceso de estudiantes de bajos ingresos. Es un ajuste técnicamente sensato, pero introduce una incertidumbre operativa: ¿cómo verificará el Icfes la capacidad de pago sin crear una burocracia paralela que retrase la inscripción? Y, más importante, ¿qué pasa con los estudiantes que caen en los niveles medios, donde la tarifa sube pero el ingreso familiar sigue siendo precario?
La tensión es la misma en ambos casos: las instituciones necesitan ingresos predecibles para funcionar, pero los estudiantes necesitan costos predecibles para planificar. Cuando la política pública prioriza la salud fiscal de la entidad sobre la asequibilidad del usuario, el acceso se convierte en una variable de ajuste.
El dato clave que falta en ambos anuncios es el número de estudiantes afectados. Sin esa cuantificación, no sabemos si el plan de Balboa beneficiará a una élite académica o a la mayoría de los 18.000 estudiantes del recinto. Tampoco sabemos cuántos jóvenes colombianos podrían quedar fuera del examen Saber 11 por no poder pagar el nuevo nivel tarifario que les corresponda.
La lección que deja la semana es incómoda: las universidades y los institutos de evaluación no pueden resolver solos la contradicción entre sostenibilidad y acceso. Necesitan marcos estatales que garanticen que las reglas fiscales no se conviertan en filtros de exclusión. Mientras eso no ocurra, historias como la de Jiménez Cruz seguirán siendo la excepción que confirma la regla, no el diseño del sistema.