La semana que terminó dejó una estampa geológica implacable: un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia mató a 289 personas y causó pérdidas estimadas en 30.000 millones de dólares 9, mientras en Indonesia otro sismo de 7,7 dejaba al menos 47 muertos 3 y Venezuela seguía contando cadáveres —6.438— más de siete semanas después de su doble terremoto 4. No son eventos aislados: son la misma ecuación de vulnerabilidad repetida en distintos continentes. La diferencia entre un sismo y una catástrofe no la define la magnitud, sino la capacidad instalada para absorber el golpe.
El caso colombiano es el más ilustrativo. El epicentro en San José del Palmar, Chocó, golpeó con fuerza a Cali y Pereira 1, ciudades con infraestructura mixta y códigos de construcción dispares. La discrepancia entre los 304 cuerpos reportados por el Instituto de Medicina Legal y los 289 oficiales, atribuida por el presidente Abelardo de la Espriella a un error de conteo 9, revela algo más profundo: la cadena de información de emergencia sigue siendo un eslabón débil. Si el Estado no sabe cuántos muertos hay una semana después, difícilmente puede dimensionar la reconstrucción.
La respuesta filantrópica ha sido rápida y cuantiosa. Shakira anunció un fondo de un millón de dólares y diez escuelas en Chocó 2; la familia Gilinski donó 150.000 millones de pesos, unos 48 millones de dólares, para hospitales y colegios en Cali 10. Es un gesto notable, pero conviene leerlo con precisión: la filantropía privada no sustituye al seguro público ni a la planificación territorial. Cuando el capital privado llega después del desastre, lo que financia es la emergencia, no la prevención. La pregunta incómoda es por qué esas inversiones no se hicieron antes, cuando el riesgo sísmico de la región era un dato conocido.
Comparar jurisdicciones ayuda a calibrar el problema. En Indonesia, el sismo de Flores activó evacuaciones de 2.000 personas 3, una cifra que sugiere protocolos de respuesta funcionando, aunque el saldo de 47 muertos indique que la protección de viviendas vulnerables sigue siendo insuficiente. En Hawái, el huracán Lala, que rozó la Isla Grande sin tocar tierra, dejó un muerto y cientos de miles sin electricidad 11: un sistema de alerta temprana eficaz mitigó lo peor, pero la red eléctrica colapsó ante vientos que no llegaron a ser huracán en tierra. En Europa, los incendios forestales de Francia, España, Grecia e Italia —con el de Gironde quemando una superficie cuatro veces mayor a la esperada 6— muestran que incluso las economías ricas tienen límites cuando el clima cambia más rápido que los presupuestos de bomberos.
La erupción del Etna, que lleva siete días cerrando el aeropuerto de Catania con más de 1.000 vuelos cancelados 12, añade otra capa: la infraestructura crítica concentrada en zonas de alto riesgo natural. No es un problema solo siciliano; es un recordatorio de que la adaptación no es un lujo de países pobres.
El punto de decisión está claro. Colombia ha anunciado un plan de reconstrucción 1, pero reconstruir no es adaptar. Si se reedifican hospitales y escuelas en los mismos suelos, con los mismos códigos, el próximo sismo producirrá el mismo resultado. La filantropía de Shakira y los Gilinski puede construir escuelas, pero no puede construir la institucionalidad que exija estándares sísmicos, mapas de riesgo y seguros obligatorios. Esa es la tarea del Estado, y es la que define si 289 muertos son una tragedia o un punto de inflexión.