Trece muertos en Almería, 27 en Bangkok, 4.490 en Venezuela, seis en Viña del Mar. Cuatro incendios, un atropello, un terremoto. La tentación del columnista es llamarlo “semana negra” y pasar página. Pero el lector de InkBytes no paga por epitafios. Paga por saber qué —y quién— falló antes de que el fuego, el vehículo o el sismo hicieran lo suyo.
Empecemos por el incendio de Los Gallardos, el más mortífero de la historia de Andalucía, con 7.000 hectáreas calcinadas y 13 víctimas confirmadas 111. El presidente Sánchez y el presidente Moreno visitaron la zona el lunes y prometieron coordinación 10. Bien. Ahora preguntemos: ¿qué sistema de prevención permitió que un fuego iniciado el jueves 9 de julio siguiera activo tres días después en una región que ha sufrido sequías consecutivas y olas de calor cada verano? No se trata de echar la culpa a un funcionario, sino de seguir los expedientes de inversión en cortafuegos, medios aéreos y brigadas de intervención rápida. La Junta de Andalucía ha recibido transferencias del Estado para emergencias; el lector merece saber si esos fondos se ejecutaron o quedaron en partidas sin gastar.
Al otro lado del mundo, en Bangkok, 27 personas murieron en el pub Na Lat Phrao Beer Hall por un incendio que, según supervivientes, comenzó con un cortocircuito en un equipo de aire acondicionado cerca del escenario 46. Las autoridades investigan salidas bloqueadas. No es una novedad: en 2022, un incendio en un club nocturno de Chonburi dejó 15 muertos y las mismas denuncias sobre rutas de evacuación selladas. La pregunta no es si hubo negligencia —los hechos la sugieren— sino por qué las inspecciones de seguridad contra incendios no detectaron algo tan básico como una puerta cerrada con candado en un local con capacidad para cientos de personas. El Ayuntamiento de Bangkok tiene un registro de licencias; la policía local realiza revisiones periódicas. ¿Dónde está el informe de la última inspección del Na Lat Phrao Beer Hall? Esa es la evidencia que falta y que el lector necesita para juzgar si hubo fallo administrativo o complicidad.