El 17 de agosto, en Las Vegas, un hombre de 63 años se sentó frente a un jurado para responder por un asesinato cometido cuando el siglo tenía todavía veintiséis años 1. Duane “Keffe D” Davis no disparó el arma, según su propia grabación de 2008 reproducida esta semana: dijo que fue su sobrino, Orlando Anderson, quien apretó el gatillo desde el Cadillac blanco 11. Pero la fiscalía sostiene que Davis orquestó la venganza contra Tupac Shakur 1. Casi tres décadas después, la pregunta ya no es quién mató al rapero, sino si la memoria, las lealtades y las grabaciones viejas pueden sostener una condena. Esa misma pregunta —qué hacemos con lo que dejamos pudrir durante años— atraviesa cada sala de audiencias de esta semana.
No es un caso aislado. En Oakland, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers preside el juicio federal más importante contra Meta, acusada por 29 estados de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a menores y recolectar sus datos sin permiso parental 2. Aquí el acusado no es un hombre con un pasado pandillero, sino una corporación con un algoritmo. La evidencia no es una cinta de 2008, sino años de métricas internas y decisiones de diseño. El daño, dicen los fiscales, se midió en cerebros adolescentes. La defensa, previsiblemente, hablará de responsabilidad individual. El jurado tendrá que decidir si una plataforma puede ser cómplice de una adicción.
En la otra punta del espectro, la justicia también lidia con la lentitud de los expedientes. El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona se tambalea porque los informes médicos clave que iba a usar el tribunal pertenecen a su padre, también llamado Diego Maradona 6. No es una conspiración; es un error administrativo que retrasa un proceso ya de por sí demorado. Y en Massachusetts, cientos de personas vestidas de rosa se congregaron ante el tribunal de Plymouth para apoyar a Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos, mientras su defensa pone el foco en la psicosis posparto y en un sistema de salud mental que no la contuvo 8. La multitud no juzga los hechos; juzga el contexto. El tribunal tendrá que separar ambas cosas.
Hay casos que se resuelven con arrestos rápidos. El FBI detuvo a Jessica Bowie, de 35 años, acusada de planear un atentado contra el Capitolio de Nueva York en nombre del ISIS tras una operación encubierta 410. En Filipinas, un estudiante de noveno grado transmitió en vivo por cámara corporal el tiroteo en el que mató a un compañero y se suicidó 5. En San Sebastián, la Ertzaintza identificó a 14 menores como víctimas de agresiones sexuales cometidas por un joven de 22 años que regentaba una tienda de golosinas entre 2020 y 2026 12. La violencia inmediata, la que deja cuerpos y videos, se procesa rápido. La violencia estructural, la que se arrastra durante años, exige otra paciencia.
México ofrece el contraste más nítido. El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue trasladado desde Argentina para enfrentar cargos por liderar una red de huachicol fiscal 3, mientras la FGR intensifica operativos y asegura más de 1.5 millones de litros de combustible en varios estados, con una incautación récord de 467,000 litros en Nuevo León 7. Aquí la justicia avanza por toneladas de hidrocarburo y por extradiciones negociadas. Pero el traslado de Farías, con escala en Cali, también recuerda que la cooperación internacional es lenta, costosa y depende de voluntades políticas.
Lo que une estos casos no es el delito, sino el tiempo. El tiempo que tarda una grabación en convertirse en prueba. El tiempo que tarda un algoritmo en ser juzgado. El tiempo que tarda un expediente en mezclarse con otro. El tiempo que tarda una madre en ser vista como enferma y no como monstruo. La justicia penal promete celeridad, pero su materia prima es la demora. Y cada demora tiene un costo: la memoria se desgasta, los testigos desaparecen, los documentos se extravían.
El juicio de Tupac es el espejo más claro. Treinta años después, el caso depende de la palabra de un hombre que ya habló en 2008 y que ahora se retracta o matiza 111. El jurado escuchará la cinta y decidirá si creer al Davis de entonces o al Davis de ahora. Esa es la apuesta de todo sistema penal: que la verdad, aunque tarde, sea reconocible. La pregunta que queda flotando, mientras las salas se vacían, es si nosotros —como sociedad— tenemos la misma paciencia que los tribunales. O si preferimos la velocidad del arresto a la lentitud de la prueba.