La mañana del 22 de julio, mientras desayunaba en San Pablo Etla, Oaxaca, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros 4. Ex director de la televisora estatal y columnista, Leyva se convirtió en el sexto o séptimo periodista asesinado en México en 2026. La cifra es incierta porque el recuento de muertos en un país donde la impunidad supera el 95% es, en sí mismo, un acto de fe. La Fiscalía General de la República tomó el caso, pero la pregunta no es quién investiga, sino por qué matar a un comunicador sigue siendo una apuesta racional.
El asesinato de Leyva no es un hecho aislado. Es el síntoma de un sistema donde el homicidio se ha convertido en una herramienta de control territorial y silenciamiento. A miles de kilómetros, en Cali, Colombia, el cuerpo de María Camila Potosí, una joven de 21 años embarazada de ocho meses, fue hallado sin el bebé que llevaba 11. La familia busca a la recién nacida, Alaya. La Fiscalía colombiana no ha esclarecido si el feto fue extraído con vida ni quién lo tomó. En ambos casos —Oaxaca y Cali— las víctimas son el punto de partida de una investigación que rara vez llega a una condena.
La estadística es brutal. En República Dominicana, el tribunal pospuso hasta agosto la decisión sobre el caso de Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un ataque con cuchillo en el barrio Naco que mató a Ivonne Handal Abugabi, de 70 años 12. El fallo de "no ha lugar" que lo favorecía fue impugnado, pero la demora judicial es la norma. Mientras tanto, en Los Ángeles, el rapero D4vd enfrenta una audiencia preliminar por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años 5. La fiscalía no descarta pedir la pena de muerte. La diferencia entre estos casos no es solo legal: es la capacidad del Estado para sostener una acusación hasta el final.
La confianza institucional se erosiona cuando las investigaciones se estancan. La autopsia independiente de Nolan Wells, un joven de 18 años hallado muerto tras un paseo en barco el 4 de julio, no pudo determinar la causa ni la manera de su muerte 6. El resultado es "indeterminado pendiente de investigación". La familia y los activistas presionan, pero la ciencia forense tiene límites cuando el Estado no garantiza cadena de custodia ni recursos. En París, el reclutador de modelos Daniel Siad, acusado de captar mujeres para la red de Jeffrey Epstein, apareció muerto en su domicilio 2. La Fiscalía de Nanterre investiga, pero la sospecha de que la muerte de un testigo clave no sea natural erosiona cualquier credibilidad.
La política no es ajena a esta dinámica. En Nueva York, un juez federal fijó para junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por narcoterrorismo 1. La audiencia duró entre 13 y 18 minutos. Un juicio de alto perfil contra un exjefe de Estado es una señal de que la justicia transnacional puede funcionar, pero también es un recordatorio de que los casos locales —como el de Leyva o Potosí— rara vez llegan a una sala de audiencias.
El problema de fondo no es la falta de leyes, sino la ausencia de un Estado que las haga cumplir. En Málaga, la policía desmanteló una red criminal incautando 36 fusiles de asalto, 11 pistolas y 11 granadas de mano 10. Cuatro detenidos. El operativo comenzó en mayo, cuando interceptaron un vehículo con seis fusiles automáticos. La capacidad de reacción existe, pero es puntual. No es un sistema.
La decisión que importa al lector es esta: mientras la impunidad sea la regla, el asesinato de un periodista, una embarazada o un adolescente será un riesgo calculable. La alternativa no es más policía ni más penas. Es un Estado que investigue hasta el final, que publique las cifras exactas, que no deje cuerpos sin nombre ni causas sin juez. Hasta entonces, cada caso es una advertencia.