Un hombre de 69 años aparece muerto en su casa en Colombes, cerca de París. Daniel Siad, reclutador de modelos que según documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos aparece hasta 2.000 veces en el expediente de Jeffrey Epstein, fue hallado sin vida el lunes 25. La fiscalía de Nanterre ha abierto una investigación; la autopsia determinará si fue un infarto, como sugieren reportes iniciales de Le Parisien. No hay, por ahora, indicios de violencia, pero tampoco certezas.
A miles de kilómetros, en San Pablo Etla, Oaxaca, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar recibió tres disparos en la cabeza y el cuello mientras comía en un puesto de comida el 22 de julio 6. Dos hombres en motocicleta ejecutaron el ataque cerca de su casa. La Fiscalía de Oaxaca, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, investiga. No hay detenidos. No hay móvil confirmado.
En Temoac, Morelos, el alcalde Valentín Lavín Romero fue asesinado a tiros dentro de su despacho en el palacio municipal el mismo día 11. Dos hombres armados entraron alrededor de las 12:30 p.m., dispararon varias veces y huyeron en motocicleta hacia Popotlán. Murió camino al hospital.
Tres muertes violentas en 24 horas. Tres casos que, en apariencia, no tienen conexión. Pero comparten un patrón estructural: la vulnerabilidad institucional de quienes no tienen acceso a los mecanismos de protección del Estado.
Siad era un testigo clave en la red de Epstein. Su muerte añade una capa de misterio a un caso que ya acumula decenas de fallecimientos de personas vinculadas al financiero convicto 5. La fiscalía investiga, pero la opacidad del proceso —autopsia pendiente, sin declaraciones oficiales— deja espacio para la especulación. No hay evidencia de homicidio, pero tampoco hay transparencia que disipe la duda.
Leyva Aguilar era un periodista local en una de las regiones más peligrosas para la prensa en México. Su asesinato no es un hecho aislado: Oaxaca acumula una docena de comunicadores asesinados en la última década, según reportes de organizaciones de derechos humanos. La Fiscalía estatal ha abierto una carpeta de investigación, pero la tasa de impunidad en crímenes contra periodistas en México supera el 90%, de acuerdo con Artículo 19.