La semana pasada, dos hombres murieron a manos de agentes de ICE en Estados Unidos sin ser el objetivo de las operaciones 3. Uno de ellos, Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, trabajaba como repartidor con permiso de trabajo en Biddeford, Maine, cuando un agente federal le disparó 4. El agente, David Brouillette, tiene un historial documentado de violencia, déficits cognitivos por una lesión en la cabeza y acusaciones de abuso doméstico 2. Durán no era el objetivo. La operación no iba por él. Su muerte no fue un error de identidad, sino la consecuencia previsible de un sistema que no filtra a quienes empuñan sus armas.
La misma semana, en Miami, Andrew y Tristan Tate fueron arrestados por agentes federales a solicitud del Reino Unido, que los acusa de violación, agresión sexual y trata de personas 15. La Fiscalía británica presentó 59 cargos en total, incluyendo a siete presuntas víctimas 5. Los hermanos Tate, figuras públicas con recursos y abogados, enfrentan un proceso de extradición que seguirá los protocolos establecidos. No hay ambigüedad sobre quiénes son ni qué se les imputa.
La diferencia no está en la gravedad de los delitos. Está en quién tiene poder institucional para resistir el peso de la ley y quién no. Durán no tenía abogados, ni una cuenta bancaria que proteger, ni un séquito mediático. Tenía un permiso de trabajo y una ruta de reparto. Brouillette, en cambio, tenía un historial de violencia que ICE conocía o debió conocer, y aún así portaba una placa y un arma. La pregunta no es si Brouillette debió haber disparado, sino por qué seguía siendo agente.
Los registros muestran que Brouillette dijo a sus exesposas e hijas que había sufrido una lesión cerebral que afectaba su juicio 2. Si eso es cierto, el problema no es individual sino institucional: ¿qué protocolos de evaluación psicológica y de antecedentes tiene ICE para sus agentes? ¿Quién decide que un historial de violencia doméstica no es incompatible con portar un arma federal? Los defensores de Durán han señalado que la agencia no ha respondido preguntas sobre el proceso de contratación de Brouillette 4. Ese silencio es una respuesta en sí mismo.
Mientras tanto, en España, una mujer de 30 años identificada como Aisha murió después de cinco meses hospitalizada tras ser rociada con combustible y quemada viva por dos sicarios contratados por su marido en Sevilla la Nueva, Madrid 12. Su muerte eleva a 29 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026. El marido no disparó un arma; pagó a otros para que lo hicieran. La violencia institucional y la violencia doméstica comparten un mismo patrón: quien tiene poder —el marido, el agente, el Estado— lo ejerce sobre quien no lo tiene.
La consecuencia que importa al lector no es si los Tate serán extraditados —probablemente lo serán, tras un largo proceso— ni si Brouillette enfrentará cargos —aún no está claro. La consecuencia es que el sistema que debería proteger a los más vulnerables sigue armando a quienes ya han demostrado que no deberían portar un arma. Mientras no haya rendición de cuentas sobre quién empuña la fuerza del Estado, cada operación de ICE será una ruleta rusa para cualquier persona que no tenga poder, aunque tenga papeles.