El 7 de julio, Lorenzo Salgado Araujo salió de su casa en Houston, Texas, como había hecho cada mañana durante 35 años. Conductor de 52 años, originario de México, estaba en proceso de regularizar su permiso de trabajo. No era el objetivo del operativo de ICE que lo interceptó. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le dispararon mientras conducía. Murió en el acto 1.
Tres días después, en Biddeford, Maine, Joan Sebastián Durán Guerrero, otro hombre que no era el blanco de una operación migratoria, también fue abatido por agentes de ICE 3. En menos de una semana, dos personas murieron a manos de una institución que, según su propio diseño, no debería haberlas buscado. ICE suspendió temporalmente la mayoría de los operativos vehiculares y amplió el uso de cámaras corporales 2. Pero la medida es administrativa, no estructural.
El patrón no es anecdótico. Al menos diez personas han muerto durante operaciones migratorias desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump 4. En 2026, al menos 22 migrantes han fallecido bajo custodia de ICE, entre ellos un venezolano que sufrió un paro cardíaco mientras era trasladado entre centros de detención en Georgia 2. México ha solicitado formalmente investigaciones penales en Estados Unidos 3. No hay, hasta ahora, una respuesta judicial que trascienda la declaración diplomática.
Mientras tanto, en El Salvador, el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha producido una cifra que las organizaciones de derechos humanos no logran precisar del todo. Amnistía Internacional contabiliza al menos 470 muertes en prisiones; Socorro Jurídico Humanitario eleva la cuenta a 547 y advierte que la cifra real podría superar el millar 11. No se trata de un descuido burocrático. Es el resultado de un modelo de seguridad que, al suspender garantías procesales, convierte la detención en un espacio sin rendición de cuentas.