Hay una línea que separa la justicia de la arbitrariedad, y esta semana los tribunales de tres continentes han trazado sus contornos con resultados dispares. No se trata de una crisis judicial global, sino de un patrón: el poder, sea político, económico o institucional, se mide por su capacidad de doblegar o sortear la ley. Lo que cambia es el precio de la transgresión.
En España, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento del caso contra Begoña Gómez 3, concluyendo que no hubo delito en la gestión de una cátedra universitaria. Al mismo tiempo, la Guardia Civil señala al ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez por presuntas contrataciones amañadas en Correos 8. Dos investigaciones, dos pesos: una se desvanece, la otra se endurece. La percepción de trato desigual corroe la confianza en el sistema, aunque cada caso tenga sus propios méritos jurídicos. El ciudadano observa y deduce.
Al otro lado del Atlántico, la balanza también se inclina de forma errática. Un juez federal ha ordenado a Donald Trump pagar 5,8 millones de dólares a E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación 4, una condena civil que la maquinaria judicial ejecuta sin miramientos. Pero en Milwaukee, una jueza estatal que ayudó a un inmigrante a eludir a ICE recibe una multa de 5.000 dólares y ningún día de cárcel 11. La vara de medir la obstrucción a la autoridad federal parece depender de quién empuña la vara.
La violencia, entretanto, sigue su curso implacable. Un agente de ICE mata a un inmigrante mexicano en Houston 1, y la familia pide una investigación independiente. La versión oficial habla de legítima defensa; la comunidad exige transparencia. En Tailandia, un australiano es detenido cuando intentaba huir tras asesinar a una adolescente y esconder su cuerpo en una maleta 5. En Alicante, la policía incauta ocho fusiles AK-47 tras una persecución a 150 km/h . En Argentina, un hombre muere aplastado por una piedra durante los festejos del Mundial . La muerte no entiende de jurisdicciones.