El 13 de julio de 2026, un agente de ICE mató a tiros a Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años con permisos de trabajo legales, en Biddeford, Maine 12. Al día siguiente, el presidente Donald Trump anuló una suspensión temporal de las redadas de tránsito de ICE, calificándolas de "una de las herramientas más importantes y efectivas" para combatir el crimen 4. La conexión entre ambos eventos no es una coincidencia; es la punta visible de una red de influencia que opera en la intersección del dinero, la ideología y el poder ejecutivo.
Para entender cómo se llegó a este punto, hay que seguir el rastro del dinero. La decisión de Trump de revertir la pausa de ICE no ocurrió en el vacío. Horas antes de su declaración en Truth Social, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, enfrentaba una audiencia de confirmación en el Senado 6. Blanche, cuyo futuro depende del apoyo de senadores republicanos clave, ha defendido la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares contra la "armamentización" del Departamento de Justicia —un fondo que, en la práctica, protege a las agencias de seguridad de la supervisión externa 6. Este fondo no es una casualidad; es el mecanismo financiero que permite que políticas como las redadas de ICE continúen sin rendición de cuentas.
La red organizativa que sostiene esta política es igualmente reveladora. La muerte de Durán, calificada de "asesinato" por el presidente colombiano Gustavo Petro 12, ocurrió en un contexto donde la retórica antiinmigrante ha sido normalizada desde lo más alto del poder ejecutivo. El propio Trump liberó a una ciudadana estadounidense detenida en Irán como un "gesto de buena voluntad" 1, mientras que la violencia contra inmigrantes legales en suelo estadounidense se trata como un incidente aislado. No hay evidencia de que la Casa Blanca haya presionado a ICE para que reanude las redadas; la evidencia muestra que Trump actuó por iniciativa propia, sin consultar a su propio gabinete .