La semana pasada, tres migrantes murieron en operaciones separadas de ICE. Juan Jairo Coronilla, un turista mexicano en Florida; un connacional en Texas; un colombiano en Maine 1. No hay aún una investigación independiente que explique si estas muertes fueron resultado de protocolos fallidos, uso excesivo de fuerza o negligencia sistemática. Lo que sí está documentado es el patrón: cuando una agencia opera con amplia discreción y escasa supervisión externa, las vidas de quienes carecen de estatus legal se vuelven administrativamente prescindibles.
El marco legal que regula las detenciones migratorias en Estados Unidos no exige el mismo nivel de transparencia que una investigación criminal ordinaria. Los agentes de ICE no están obligados a portar cámaras corporales en todas las intervenciones, y los informes internos rara vez se hacen públicos sin litigio. En los tres casos, las autoridades locales han confirmado la muerte, pero no han detallado si se siguieron los procedimientos médicos de emergencia ni si los agentes involucrados han sido suspendidos mientras se investiga. La ausencia de esa información no es un vacío: es una decisión institucional.
Mientras tanto, en un tribunal federal de Brooklyn, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional 23. La sentencia, dictada por el juez Brian Cogan, cierra una de las persecuciones más significativas contra el narcotráfico desde la condena de “El Chapo” Guzmán en 2019. El contraste es brutal: el sistema judicial dedica años y recursos millonarios para procesar a un capo, pero no puede garantizar que una detención migratoria rutinaria no termine en la muerte de una persona sin antecedentes penales.
La paradoja no escapa a los defensores de derechos de migrantes consultados para esta columna. “El gobierno gasta fortunas en llevar a juicio a Zambada, pero no asigna fondos para supervisar a los agentes de ICE en el terreno”, señala una abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles, que pidió no ser identificada por temor a represalias. La afirmación es verificable: el presupuesto de ICE para 2026 supera los 8.000 millones de dólares, pero menos del 1% se destina a mecanismos de rendición de cuentas independientes.
No se trata de equiparar delitos. Zambada es responsable de tráfico de fentanilo que ha matado a decenas de miles de personas. Pero la capacidad del Estado para castigar a un narcotraficante de alto perfil contrasta con su incapacidad para proteger a quienes están bajo su custodia directa. La pregunta que queda para el lector no es si Zambada merecía la cadena perpetua —la merecía—, sino por qué un sistema que puede perseguir a un capa durante décadas no puede garantizar que tres personas detenidas por infracciones migratorias lleguen vivas a su primera audiencia. Esa asimetría no es un accidente: es una elección política que el Congreso y la Casa Blanca se niegan a examinar.