El 13 de julio, en Biddeford, Maine, un agente de ICE con un historial documentado de violencia doméstica y enfermedad mental grave disparó y mató al migrante colombiano Johan Sebastián Durán mientras este estaba en su auto con su hija de tres años 1. Durán murió en el lugar. El agente, David Brouillette, no era un caso aislado de fallo institucional: era un síntoma de un sistema que acumula poder sin rendición de cuentas. Pero la violencia estatal no distingue fronteras ni edades.
El mismo día, en San Cristóbal, Miguel Antonio Lucas Valenzuela, un vendedor de lotería de 43 años, murió horas después de ser liberado de una comisaría donde fue detenido por operar un dispositivo no autorizado 11. Su familia alega abuso. No hay autopsia independiente aún. La pregunta que ambos casos dejan abierta es la misma: ¿cuánto poder puede acumular un agente del Estado antes de que el sistema lo detenga?
En México, la respuesta parece ser: casi ilimitado. Jesús Plácido Galindo, líder indígena de Guerrero, fue arrestado por homicidio agravado por un caso de 2021 4. La acusación existe, pero el contexto de criminalización de defensores territoriales es un patrón verificado en la región. Mientras tanto, un juez en Michoacán sentenció a Osmar 'N', de 15 años, a tres años de internamiento —el máximo permitido— por asesinar a dos maestros 3. La justicia penal juvenil aplica su castigo máximo, pero el adolescente saldrá antes de cumplir 18. No hay aquí contradicción: la ley establece techos, y los techos son bajos para los jóvenes, altos para los indígenas y ausentes para los agentes federales.
En España, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reportó que Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, y su familia recibieron al menos 323.178 euros en beneficios entre 2015 y 2024, coincidiendo con el mandato de José Luis Ábalos como ministro 2. No es un delito probado, pero es una coincidencia estadística que la UCO considera relevante. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó dos años de prisión para Toño Sanchís por apropiación indebida de más de 475.000 euros de Belén Esteban . La justicia patrimonial funciona; la justicia migratoria, no.