El 13 de julio, Jesús Manuel murió bajo custodia del ICE. No es un nombre aislado: al menos 22 migrantes han fallecido en 2026 en poder de la agencia, y dos más fueron abatidos durante operaciones de tránsito que la propia institución acaba de suspender 1. La cifra no es una estadística abstracta; es el resultado de un sistema que detiene, procesa y, con frecuencia, pierde la pista de quienes no tienen abogado, ni cónsul, ni voz pública.
La muerte de Jesús Manuel ocurre en un momento en que el gobierno estadounidense expande su definición de amenaza. El 15 de julio, el Departamento de Estado designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, sumando dos grupos a la lista de ocho que ya incluía al Cártel de Sinaloa y al CJNG desde febrero de 2025 2. La lógica es simple: si el enemigo es terrorista, la respuesta puede ser militar. Pero la frontera no distingue entre un operador de la delincuencia organizada y un hombre que huye de ella. Jesús Manuel no aparece en ninguna lista de terroristas; aparece en un certificado de defunción.
Ese mismo día, un juez federal en Florida ordenó a Nicolás Maduro y a sus funcionarios pagar 314 millones de dólares por el secuestro, tortura y detención arbitraria de tres ciudadanos estadounidenses 6. La sentencia es ejemplar, pero la justicia internacional rara vez llega a quienes no tienen pasaporte de un país con capacidad de presión. La vulnerabilidad es jerárquica: unos reciben indemnización; otros, entierro sin nombre.
Mientras tanto, en México, el exgobernador Ernesto Ruffo Appel fue arrestado por cargos de delincuencia organizada y contrabando de combustible 8. El primer gobernador opositor en la historia moderna del país ahora enfrenta a la Fiscalía General de la República. La noticia compite con el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras en Puebla, ejecutado frente a su hijo de 13 años 10. Martínez cubría seguridad; su muerte es el recordatorio de que, en muchas regiones, informar es un acto de resistencia que se paga con la vida.
En Veracruz, la justicia sí llegó: Marlon Botas fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Monserrat Bendimes en 2021, un caso que impulsó una ley contra el ocultamiento familiar de estos crímenes 12. La sentencia es un hito, pero no borra el hecho de que Monserrat murió porque un hombre decidió que podía hacerlo.
El hilo que conecta estos eventos no es la geografía ni la fecha, sino la asimetría de poder. Desde el migrante que muere en una celda del ICE hasta el periodista ejecutado en Puebla, desde la mujer asesinada por su pareja hasta el ciudadano estadounidense secuestrado en Venezuela, la vulnerabilidad no es un accidente: es el producto de instituciones que deciden quién merece protección y quién no.
La pregunta que queda para el lector no es si estos casos se repetirán —lo harán—, sino qué mecanismos de rendición de cuentas pueden construirse cuando el Estado es, al mismo tiempo, el que protege y el que amenaza.