Senador Rejal regresa al bloque kirchnerista y complica la disputa por el Consejo de la Magistratura

El senador Fernando Rejal regresó al bloque justicialista, lo que eleva su bancada a 22 miembros y le otorga una ventaja numérica sobre La Libertad Avanza en el Senado. Este movimiento político intensifica la competencia por las dos bancas del Consejo de la Magistratura que corresponden a la primera minoría legislativa, un organismo clave para la selección y sanción de jueces.

La nueva dinámica senatorial

La adhesión de Rejal permite al oficialismo superar en un escaño al bloque libertario, que actualmente cuenta con 20 legisladores (o 21 tras la juramentación de la suplente Claudia López). Esta diferencia numérica refuerza la posición del kirchnerismo para reclamar sus dos asientos en el Consejo, aunque enfrenta la oposición directa de los libertarios y la posible intervención de los radicales, quienes también exigen representación.

• El bloque justicialista suma ahora 22 senadores, superando a La Libertad Avanza.
• Los libertarios nominaron a Nadia Márquez y María Belén Monte de Oca como candidatos.
• El kirchnerismo presentó a Eduardo de Pedro y Florencia López.
• Los radicales, con 10 legisladores, buscan asegurar uno de los cuatro puestos reservados al Congreso.

El rol de Villarruel y disputas previas

Ante la incertidumbre sobre la distribución final de las bancas, especialmente si los radicales logran entrar en la disputa, la resolución definitiva recae en la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado. Según informes, existieron acuerdos preliminares entre oficialismo y cristinismo para delegar esta decisión a Villarruel, pero el cambio en la composición de las bancadas altera los cálculos políticos.

Este escenario recuerda las maniobras legislativas de 2022, cuando el peronismo dividió su bloque para asegurar más influencia en el Consejo, generando conflictos judiciales que terminaron en la Corte Suprema. Ahora, los libertarios se preparan para posibles acciones legales ante la proximidad de las renovaciones en noviembre, mientras la política interna sigue definiendo quién controlará los destinos del poder judicial.