La Procuraduría ha comenzado a revisar expedientes y contratos relacionados con Norbert Vonblon Pomare, contratista de San Andrés y esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, tras los cuestionamientos públicos que le hizo el presidente Abelardo de la Espriella durante una visita al archipiélago. El caso se vincula con la construcción de la cárcel El Pesebre en Antioquia y el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
La obra penitenciaria fue adjudicada por Fonade el 28 de febrero de 2007 al Consorcio CMS Cárceles por un valor inicial de $35.837 millones. Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien posteriormente fue procesado por su participación en el caso Centros Poblados, era representante legal suplente del consorcio y socio de una de las empresas integrantes.
La denuncia fue interpuesta por Nelson Ríos Villamizar, representante legal de Disico S.A., por presuntos delitos de falsedad, estafa, abuso de confianza calificado, concierto para delinquir y amenazas. Según una fuente citada por El Tiempo, los anticipos habrían pasado del 15% a porcentajes cercanos al 40%, y los giros cuestionados sumarían $734 millones, transferidos a una cuenta de ahorros a nombre del contratista.
Mientras El Colombiano señala que la Procuraduría revisa también una operación inmobiliaria con la Gobernación de San Andrés por un terreno negociado en $1.700 millones, Infobae se centra en la denuncia por los anticipos de la cárcel. El Tiempo, por su parte, enfatiza el nexo con el escándalo de Centros Poblados y menciona que se ha solicitado rastrear una cuenta bancaria de Vonblon.
