El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para que entreguen la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' cuyo voto está suspendido cautelarmente de cara a las elecciones del 29 de noviembre. El alto tribunal advierte de que, si no cumplen antes de las 15:00 del 28 de octubre, podrían imponerse multas coercitivas e incluso deducir testimonio para exigir responsabilidad penal . Los magistrados califican de "incomprensible" que la Administración no haya facilitado aún los nombres, cuando ella misma aportó la cifra exacta .
La controversia arranca de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (2022), que permite a descendientes de exiliados obtener la nacionalidad. Una instrucción del Ministerio de Justicia, impulsada por Sofía Puente, estableció una presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955, lo que, según los recurrentes (Iustitia Europa y Vox), amplió indebidamente el censo . El Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de esos nacionalizados el 10 de septiembre, y el 12 de octubre ratificó la medida. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurrió en amparo al Tribunal Constitucional, pero este lo inadmitió por "prematuro" al no haberse agotado la vía judicial .
Mientras, el despacho del exjuez Baltasar Garzón ha personado a tres afectados para pedir la nulidad de la suspensión, alegando que "el derecho de sufragio activo no se puede suspender" . El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU) advierte de discriminación respecto a sefardíes y brigadistas internacionales .