La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha denunciado que responsables del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) habrían advertido a médicos de Ceuta de posibles medidas disciplinarias o laborales por informar a los medios sobre la crisis asistencial en la ciudad. El sindicato califica de «absolutamente inadmisible» el comportamiento de la institución pública y estudia acciones legales si se confirman las represalias . El Ministerio de Sanidad, a través del secretario de Estado Javier Padilla, niega las amenazas y garantiza que «no va a haber represalias por hablar con nadie» . El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación tras recibir una queja formal .
La presión asistencial en Ceuta, agravada por la crisis migratoria, ha llevado a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) a ofrecer colaboración a las instituciones locales, incluyendo asesoramiento técnico, formación y revisión de protocolos . Ingesa ha agradecido el ofrecimiento y ambas entidades acordaron reunirse para concretar vías de cooperación .
CESM sostiene que los médicos tienen derecho a denunciar deficiencias que afectan a la calidad asistencial y que «no están obligados a guardar silencio para proteger la imagen de una determinada gestión» . El sindicato ha pedido a los profesionales que hayan sufrido presiones que lo comuniquen al Sindicato Médico de Ceuta para recibir asesoramiento legal . Mientras, fuentes del Hospital Universitario de Ceuta afirman que «hay compañeros que manifiestan que, por ejemplo, saben que como han dado declaraciones no se les va a renovar el contrato» .
Las versiones difieren: mientras CESM y los médicos denuncian coacciones y temor a represalias, Ingesa y el Ministerio de Sanidad lo niegan categóricamente . El Defensor del Pueblo investiga los hechos .
