Estados Unidos impuso sanciones financieras contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el abogado principal de la fiscalía, Abdoulaye Seye, en una nueva escalada de la campaña de la administración Trump contra el tribunal con sede en La Haya. La medida, formalizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, congela los activos de ambos funcionarios bajo jurisdicción estadounidense y les excluye del sistema financiero de EE.UU.
Las sanciones se enmarcan en la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025, que autoriza medidas punitivas contra individuos vinculados a la CPI. Washington justifica la acción por las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes en Afganistán y las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la ofensiva en Gaza.
La CPI respondió que las sanciones "socavan el Estado de derecho" y advirtió que "cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional". El tribunal afirmó que no se dejará intimidar y que continuará su labor con imparcialidad.
Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la CPI de "tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado" que "ha abusado maliciosamente de su autoridad", la CPI sostiene que su competencia se extiende a crímenes cometidos en territorio de Estados parte, como Palestina. Rubio también anunció una campaña diplomática para que otros países abandonen la CPI.
